La pandemia del COVID ha causado un altísimo costo humano, infectando más de cincuenta millones de personas y ocasionando la muerte de más de un millón. No estamos hablando solo de una crisis sanitaria sino también de una crisis social y económica. Alrededor del mundo, la pandemia ha llevado a gobiernos a imponer cuarentenas con consecuencias económicas inmensas. Sin embargo, el impacto de la pandemia no ha afectado a todos por igual.

La pandemia ha puesto en evidencia los efectos devastadores y los riesgos de la “otra pandemia”: la corrupción endémica. La iglesia y sus líderes le han dado poca atención a la corrupción endémica, tratándola muchas veces como algo “normal” o “demasiado político”. No podemos seguir ignorando esta tremenda injusticia social. La corrupción endémica (entendida como la práctica institucionalizada de abuso de poder y confianza pública) ha limitado gravemente la capacidad de varios países para lidiar con los costos de la pandemia.  Los montos que se “pierden” en el sector salud por el soborno y la malversación son enormes. Según algunas fuentes, se estima esa “perdida” en 10% de los gastos de salud totales a nivel mundial, o sea un equivalente a 500 mil millones de dólares. Y esta estimación no incluye el costo económico de otras prácticas corruptas que limitan el acceso y calidad de los servicios de salud como el clientelismo, amiguismo, nepotismo y favoritismo en general.    

Y si esto no fuera suficiente, la pandemia ha sido también caldo de cultivo para mayor corrupción.

Entre las prácticas corruptas mas notables durante la pandemia, ha habido sobornos y favoritismos en la contratación de bienes y servicios bajo emergencia y el desvió de fondos de emergencia.  Esto ha aumentando los costos de la crisis, particularmente para los segmentos mas pobres y vulnerables.  Cuando los pacientes tienen que recurrir a sobornos o “palancas” para recibir tratamiento médico, los más pobres y vulnerables pasan al final de la lista de espera. Por otro lado, si los sobornos y las conexiones personales son utilizadas para evadir los controles sanitarios, existe un riesgo potencial mayor de infección con lo que intensifica la crisis humanitaria.

El gasto público global para afrontar los costos sanitarios y económicos de la pandemia es enorme. Los niveles de asistencia financiera internacional no tienen precedentes. Solamente el Fondo Monetario Internacional ha otorgado ya aproximadamente 90 mil millones de dólares estadounidenses y tiene comprometido un total de 250 mil millones. No obstante, la evidencia empírica nos muestra que la efectividad de dicha asistencia financiera queda fuertemente atenuada en lugares marcados por corrupción endémica. En efecto, existen varios informes de fraude y corrupción relacionados con los gastos públicos asociados con la pandemia.

En países alrededor del mundo, representantes de la sociedad civil vienen exigiendo mayores resguardos y controles en la asistencia por el COVID-19. En América Latina, 13 capítulos nacionales de Transparencia Internacional (la ONG mas grande del mundo en materia de anticorrupción) han presentado propuestas concretas para mitigar el riesgo de la corrupción en las contrataciones públicas asociadas con la pandemia.  Entre ellas figura ASJ, (Asociación para una Sociedad Justa), una ONG cristiana en Honduras dedicada a combatir la corrupción gubernamental en dicho país.

La corrupción, como una manifestación de profunda injusticia, debería importar a todo creyente, tanto en su actuar personal y testimonio como en su compromiso con la sociedad en que vive.

La crisis del COVID-19 es un llamado de alerta para la iglesia, sus lideres y creyentes, que la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción son parte central de nuestra misión integral. A Dios le importa la corrupción, muchísimo.

La corrupción destruye una nación (Proverbios 29;4). Representa un verdadero robo de fondos, recursos, oportunidades, esperanzas y la capacidad de desarrollar el potencial que Dios nos ha dado. Es un cáncer con efectos devastadores en el desarrollo político, económico y social de las comunidades.  Es el mayor obstáculo al alivio de la pobreza. Es una negación de la justicia y un impedimento del shalom, el bienestar de toda la sociedad.  Es más, como lo demuestra la pandemia, es asunto de vida o muerte.

Celebramos los avances con las varias vacunas contra el COVID-19 y esperamos pronto su aprobación y distribución equitativa. No existe, sin embargo, una vacuna simple y efectiva para esta “otra pandemia”. No hay una cura milagrosa para el flagelo de la corrupción. 

En las últimas tres décadas, los gobiernos y organismos internacionales han promovido e implementado reformas anticorrupción. Cambios en las constituciones, nuevas leyes de transparencia y rendición de cuentas y la creación de oficinas anticorrupción son algunas de las reformas mas comunes.  Estas medidas son primordialmente cambios de leyes e instituciones formales, en la expectativa que dichas medidas resultaran en cambios de comportamientos sociales. No obstante, no vemos que tales reformas generen una transformación perdurable de las sociedades hacia una mayor integridad pública.  Numerosas evaluaciones, corroboradas por las vivencias personales, nos dicen que poco ha cambiado. A pesar de décadas de reformas, y miles de millones de dólares invertidos, muchos países permanecen tan o más corruptos que antes de las mencionadas reformas.  Hay una creciente realización por parte de expertos y activistas que la lucha contra la corrupción no es una tarea simplemente tecnocrática, sino una que requiere cambios profundos en la normas sociales y culturales que influyen en las relaciones entre ciudadanos y el estado y entre sí.  Las reformas legales e institucionales son mediatizadas y condicionadas por la cultura política prevaleciente. En sociedades donde rigen normas y códigos informales de privilegio, particularismo y favoritismo, no nos debe sorprender que el mero cambio de leyes e instituciones formales tenga poco efecto.  Aún más grave, como lo demuestran varios casos, estas reformas formales son manipuladas y abusadas en detrimento de aquellos que luchan por servicios públicos honestos.

Los cambios legales e institucionales no son suficientes. Nuestras sociedades necesitan construir y fortalecer una ética social que promueva y privilegie la honestidad publica, el “fair play”, la responsabilidad ciudadana y la confianza pública.  La iglesia y sus líderes son agentes claves para lograr dicha transformación.  Debemos preguntarnos: ¿Como están nuestras iglesias y líderes modelando e inculcando valores de integridad pública y responsabilidad ciudadana?

¿En qué medida nuestras iglesias promueven la acción colectiva para influenciar las estructuras y prácticas de gobernabilidad en nuestras sociedades?

Lastimosamente, hay que admitir que el cuadro no es muy promisorio. Los temas de integridad pública y corrupción están virtualmente ausentes de los púlpitos y la reflexión teológica. Muchas veces, nuestras actitudes y comportamientos dejan mucho que desear. En muchas instancias, somos partícipes en prácticas injustas de favoritismo, privilegio y amiguismo que atentan contra el bien común, el shalom de nuestras comunidades. O nos mostramos pasivos e indiferentes a la deshonestidad pública y la corrupción y sus efectos devastadores en la Sociedad, especialmente para los más destituidos, pobres y marginados.

Oremos para que esta crisis del COVID-19 nos impulse y anime a ser una iglesia transformadora que está comprometida con combatir la “otra pandemia”.